El viernes 9 de agosto se realizó la entrega de certificados de un grupo de 40 personas que culminaron sus prácticas. De ese grupo de graduados, un total de 20 mediadores serán voluntarios de la casa de justicia del Ministerio de Justicia donde prestarán servicios voluntarios a través de la Justicia Móvil, que llega a los barrios y ciudades.

En el acto de clausura del programa de capacitación, participaron el Viceministro de Justicia, Weldon Black, y la Dra. María Victoria Rivas, Directora Ejecutiva del CEJ, funcionarios y directores del Ministerio.

Weldon Black agradeció al CEJ por el apoyo y destacó la lucha a favor de la justicia a fin de facilitar los mecanismos y accesos a esta. Además, resaltó que la justicia no es una institución que goza de mucha credibilidad actualmente por la falta misma de acceso, por cuestiones económicas, burocráticas y también jurisdiccionales que imposibilitan justamente a la práctica y solución.

Por su parte, la Dra. María Victoria Rivas resaltó el espíritu abierto y participativo de los mediadores, “de construir un proceso democrático y una cultura de la paz”. Además, que el acceso a justicia va más allá del Palacio de Justicia, sino que es la posibilidad que desde el Poder Ejecutivo se puedan abrir vías y caminos para que las personas puedan solucionar sus conflictos. “Y la herramienta de la mediación es uno de los mecanismos para que nosotros podamos lograr eso”, añadió.

Asimismo, el Viceministro y la Dra. Rivas agradecieron al equipo que hizo posible el proceso de capacitación, desde el CEJ las Abog. Livia Cardozo y Soledad Martínez; desde el Ministerio de Justicia, María Eugenia Argaña y Marcela Duarte, directora y jefa de Acceso a Justicia, respectivamente; Sandra Servín, jefa de Mediación, y Luján Ruiz Díaz, coordinadora de Casa de Justicia.

Los postulantes recibieron una evaluación práctica y cumplieron con 100 horas cátedras de capacitación, a fin de ser Mediadores y Negociadores para el Acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta actividad se realizó en el marco del proyecto “Incidencia ciudadana para el Acceso a Justicia a nivel comunitario”, una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales y con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).