La Subcomisión II de la Comisión Nacional de Reforma de la Justicia, presidida por el ministro asesor jurídico Sergio Godoy, siguió analizando y discutiendo sobre los puntos propuestos en el anteproyecto de Ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Uno de los puntos avanzados y planteados fue la necesidad de que la mesa directiva del Consejo de la Magistratura, pueda tener una duración de 3 años en sus funciones. Es decir, que el presidente de dicho cuerpo permanezca ese tiempo.

César Verdún, director jurídico del Consejo de la Magistratura, manifestó que se avanzó y se revisó la propuesta presentada por el Presidente Enrique Riera. “Hay propuestas sobre la duración del mandato de los miembros del Consejo que se quiere ampliar a 3 años. Esto va concordar con el mandato constitucional de que duren 3 años en sus funciones”, adelantó Verdún.

Acotó que actualmente el plazo de la mesa directiva es de un año. La idea, en base a la discusión que hubo en la Subcomisión II, es que en adelante pueda concordar con el mandato de 3 años. “El presidente en vez de un año duraría 3 años”, refirió.

Objeciones. El asesor jurídico del Consejo de la Magistratura señaló que no hubo objeciones durante la reunión en donde asistieron representantes de la Cámara de Diputados, Senadores, Ejecutivo y Poder Judicial. “Se discutieron algunos temas sobre el ejercicio de la docencia, la recusación que está prohibida en la ley. Se llegó a un acuerdo que la recusación va impedir la labor del Consejo de la Magistratura se dejó en la redacción original”, significó.

La próxima semana seguirán estudiando ya que quedaron en el artículo 13 del anteproyecto de ley presentado por Riera. En el debate, hay interés sobre aquellos artículos referentes a incompatibilidades de los miembros del Consejo de la Magistratura.

La Comisión Nacional de Reforma Judicial tiene el apoyo técnico del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) que busca abrir un espacio de diálogo social para la identificación de los principales problemas en torno al acceso a Justicia y a los servicios de la Administración de Justicia, su discusión, análisis y la construcción participativa de una Hoja de Ruta de los temas prioritarios en el proceso de la Reforma Judicial.