Los miembros de la Asociación de Magistrados analizaron las propuestas de las principales reformas que la Comisión Nacional de Reforma Judicial está impulsando en la organización de la Corte Suprema de Justicia, la Ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura y la Carrera Judicial.

La reunión que se desarrolló en la sede de la Corte Suprema de Justicia, es una iniciativa de Incidencia Ciudadana en el Sistema de Justica (ICED) con el apoyo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), quien está brindando asesoramiento técnico a la Comisión Nacional de Reforma del Poder Judicial con el apoyo de la Unión Europea.

Discutieron sobre la figura del fiscal acusador como figura que pueda ayudar a fortalecer el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La Dra. María Victoria Rivas destacó la importancia de tener una visión amplia y sistémica del funcionamiento de la Justicia. “Cuanto más personas participen los resultados serán exitosos. Estamos evaluando leyes que rigen más de 20 años como la ley de la Corte”, apuntó.

Por su parte, Alberto Martínez, integrante del equipo técnico en representación de la Corte Suprema de Justicia, significó que la idea es responder a inquietudes ciudadanas sensibles. “Hay una percepción ciudadana fuerte de que la justicia es corrupta. Son realidad que asumimos”, apuntó durante la reunión realizada en la máxima instancia judicial.

Consideró que en la Ley de la Corte Suprema de Justicia hay propuestas de cambios sustanciales. Expuso su idea de plantear limitaciones a las recusaciones de magistrados. Aclaró que definirán dos modelos de propuestas sobre la figura del fiscal acusador. La primera que señala que terminarán siendo funcionarios administrativos o fiscales autónomos al JEM. Falta definir su naturaleza y si su dictamen será vinculante o una opinión al proceso de opinión.

Los representantes de la Comisión destacaron que en la discusión están abriendo posibilidad para que cualquier ciudadano, sea litigante o no, pueda plantear una denuncia concreta contra un fiscal o magistrado.

Cuestionamientos. Los integrantes de la Asociación de Magistrados realizaron sus objeciones a las propuestas que están avanzando en las dos subcomisiones I y II. Cuestionaron la composición de la integración de la Comisión, cuyas discusiones se definen mediante votos de los legisladores y el representante del Ejecutivo y de la Corte. Sacaron a relucir que estos dos poderes tienen desventaja en cuanto a cantidad de miembros.

El gremio de abogados significó que en este país el único ciudadano que no tiene garantizado el sistema acusatorio es el magistrado. "Los políticos no quieren soltar el enjuiciamiento de oficio", coincidieron los participantes al expresar su opinión.

Rechazaron la idea de que siga una fuerte dependencia del JEM. Acotaron que la cultura paraguaya jurídica tiene una fuerte incidencia de la parte penal.

Coincidieron en que "hay que hacer una ley comprensible para la gente".

Remarcaron la necesidad de marcar mayor presencia en las reuniones de ambas subcomisiones, con representantes de la Asociación de Fiscales, Defensores, Magistrados y Abogados. Creen que esa servirá para mejorar el aspecto técnico de las discusiones y decisiones la Comisión Nacional de Reforma Judicial.