En el marco del Conversatorio “La Justicia que queremos las comunidades indígenas del Paraguay”, alrededor de 47 líderes de pueblos originarios se reunieron para debatir sobre el proceso de Reforma Judicial que es impulsado por la Comisión Nacional de Reforma Judicial. Durante los días 13 y 14 de mayo, en la Quinta Ycua Satí de Asunción, analizaron y expresaron su preocupación sobre la situación de discriminación que sufren las comunidades indígenas. Dicho evento fue organizado por el Centro de Estudios Judiciales y co-financiado por la Unión Europea, en el marco del proyecto “Participación ciudadana para una mejor y mayor justicia”. Las principales quejas apuntan directamente a procedimientos utilizados por la Fiscalía y la Policía Nacional. Los líderes indígenas elaboraron una serie de reclamos a las autoridades que integran la Comisión Nacional de Reforma Judicial, presidida por el senador Eduardo Petta San Martín. Entre los puntos principales recalcan que existen muchas denuncias y ninguna respuesta de parte de las autoridades encargadas de la Justicia. Plantearon la necesidad de que exista un perito indígena, que sea conocedor de la realidad de los pueblos originarios. Durante el encuentro significaron la necesidad de fortalecer procesos de capacitación de líderes y jóvenes indígenas para defender a sus pares. Considera que es un derecho consuetudinario. En varios tramos de la discusión, sacaron a relucir que sufren muchos atropellos de la justicia y la policía. Jurisdicción. Los líderes indígenas destacaron que las autoridades del Gobierno deben abrir paso para la instalación de una jurisdicción para los pueblos indígenas, que se encargue de atender exclusivamente los asuntos y conflictos que involucren a miembros de las comunidades indígenas del Paraguay. Solicitaron que dicha instancia debe estar compuesta por indígenas, para evitar que haya choque de culturas. Igualmente hablan de que las audiencias deben ser realizadas en sus dialectos y no solamente en el idioma español. Los líderes indígenas coincidieron en que la Justicia es eficiente solamente para aquellas personas que tienen mucho dinero; mientras que las comunidades indígenas no acceden a la justicia. “No más atropello, ni abusos de parte de policías, fiscales y jueces”, recalcaron en sus conclusiones. Hicieron hincapié en la necesidad de la reglamentación del artículo 67 de la Constitución Nacional que habla de la exoneración de prestar servicios sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca la ley.