Los integrantes de la Subcomisión I, de la Comisión Nacional de Reforma Judicial terminaron el análisis, la redacción y el ajuste final de la Ley que regula el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Se destaca que el anteproyecto de ley establece que las funciones del máximo organismo judicial se dividen en tres grandes áreas.

El primero hace referencia a las funciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia. La segunda área guarda relación a las funciones administrativas; y finalmente el tercer punto, hace hincapié en las funciones disciplinarias de la máxima instancia judicial.

La Subcomisión I considera que es un avance en vista a que la división de funciones de la Corte de alguna forma clarifica y establecen tareas específicas. Establecen que los ministros de la máxima instancia judicial deberán en adelante dedicarse exclusivamente a funciones jurisdiccionales.

Los nuevos órganos creados son el Consejo Superior de Administración que tendrá a su cargo la administración de los recursos económicos y financieros de la Corte.

Igualmente, la Subcomisión plantea el establecimiento del Consejo de Recursos Humanos que tendrá a su cargo el manejo de los recursos humanos. Y finalmente, se configuró el nuevo modelo disciplinario cuando las sanciones afecten a secretarios para abajo; así como a directores y de ahí a niveles inferiores. Se encargará a un tribunal de disciplina independiente del Consejo de Superintendencia.

Ámbito Jurisdiccional. En relación a las cuestiones jurisdiccionales se establecen normas que de alguna forma pretenden disminuir la mora, especialmente en las salas de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en la Sala Constitucional y las resoluciones que deben salir de la plenaria de la máxima instancia.

En el anteproyecto de ley, la Subcomisión resolvió establecer procedimientos sumarísimos, se incorporan plazos procesales para dictamen de resoluciones y se prevén sanciones procesales en caso de que la Corte Suprema de Justicia no resuelva en el plazo establecido en los articulados.

El texto de la redacción final es remitido al plenario de la Comisión Nacional de Reforma Judicial y luego será difundida a la sociedad civil, gremios, colegios de abogados, asociación de magistrados. Esto a fin de recoger opiniones y sugerencias sobre la propuesta.

El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) busca abrir un espacio de diálogo social para la identificación de los principales problemas en torno al acceso a Justicia y a los servicios de la Administración de Justicia, su discusión, análisis y la construcción participativa de una Hoja de Ruta de los temas prioritarios en el proceso de la Reforma Judicial.

“El Centro de Estudios Judiciales busca lograr una incidencia ciudadana multisectorial que contribuya a incluir las demandas destinadas principalmente a resolver los problemas urgentes que impiden un mayor desarrollo social y económico del país”.