Durante la reunión de la Subcomisión I, Los Legisladores, los representantes del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, discutieron en base a los proyectos que ya fueron entregados ante la comisión especial.

Se trata de las sugerencias elaboradas en primer lugar por el Poder Judicial; otra diseñada por la Asociación Nacional Republicana y la presidencia de la República; y finalmente un tercer proyecto que reúne las ideas de los dos primeros y que fue realizada por los técnicos de la máxima instancia judicial.

Las modificaciones realizadas por los técnicos del Poder Judicial fueron discutidas durante la reunión que se realizó en la comisión especial.

El senador Jorge Oviedo Matto, del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), acotó que estuvieron discutiendo punto por punto, las propuestas acercada por la Corte Suprema de Justicia.

Durante la reunión de la fecha, la Dra. María Victoria Rivas, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), quien está brindando asesoramiento técnico a la Comisión Nacional de Reforma del Poder Judicial. Remarco la importancia del proceso de Reforma Judicial en ese sentido, puso énfasis en la importancia del debate sobre la reforma judicial así como instalar un espacio de análisis para consensuar propuestas que ayuden a mejorar el sistema de justicia.

“El Centro de Estudios Judiciales busca lograr una incidencia ciudadana multisectorial que contribuya a incluir las demandas destinadas principalmente a resolver los problemas urgentes que impiden un mayor desarrollo social y económico del país”.

La máxima conducción de la Asociación Nacional Republicana (ANR) autorizó a sus legisladores para sacarles completamente las atribuciones administrativas a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta de los colorados apunta a la creación de un organismo superior de administración, a través de la conformación del Consejo Superior Administrativo. La instancia tendrá una capacidad de gestión autónoma.

El punto principal y que producirá un giro en el manejo judicial es la propuesta de que los ministros de la Corte ya no puedan nombrar y controlar a los administradores de circunscripción, así como a los directores de todas las unidades administrativas y a todo el personal administrativo cuyo nombramiento no esté reservado a la ley.