Dicha actividad se realizó en el marco del proyecto “Participación ciudadana e incidencia de los Pueblos indígenas en la Reforma Judicial”, una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales y cuenta con el apoyo del Fondo Canadá.

El encuentro se desarrolló en el Gran Hotel del Paraguay. La actividad estuvo encabezada por la Dra. María Victoria Rivas, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ). La reunión contó con la participación de representantes de la Secretaria de la Niñez y Adolescencia, la Fiscalía, la Defensa Pública, el Senado, la oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, la FAPI y organizaciones de la Sociedad Civil del sector.

Se debatió fundamentalmente la gran debilidad del sistema judicial que se traduce en la falta de conocimiento del derecho consuetudinario y la falta de respeto por parte de los jueces a los convenios y leyes que protegen la cultura indígena.

Existen conflictos de competencia entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, sobre todo en temas como violencia familiar, abusos de menores y últimamente, el tráfico de drogas en las comunidades. Se ha manifestado mucha preocupación con relación al respeto de los derechos individuales de las mujeres y en especial las mujeres afectadas por la violencia de género.

La escaza participación de las mujeres en las decisiones comunitarias permite un alto índice de impunidad de la violencia de género. Se mencionó que la co-existencia de los sistemas jurídicos estatal e indígena resulta un verdadero obstáculo para las mujeres, hay una fuerte tensión entre los Derechos Humanos individuales de las mujeres garantizados por la Constitución y los derechos colectivos de las comunidades, sobre todo cuando se aplica sanciones violatorias de Derechos Humanos como el caso de muerte por brujerías que algunas comunidades los siguen aplicando.

Acordaron la necesidad de mayor capacitación a los policías, fiscales y jueces, sobre las leyes y convenios de protección indígena.

La prioridad. María Victoria Rivas destacó que el tema indígena debe ser incorporado en la agenda de la Comisión Nacional de Reforma Judicial. “Es una preocupación del CEJ, sobre todo teniendo en cuenta que es una deuda histórica del Estado paraguayo la protección de la justicia indígena; si bien es cierto se ha avanzado muchísimo en la ratificación de convenios internacionales, así como el reconocimiento del derecho consuetudinario en la Constitución del 92, pero tenemos debilidades en las leyes secundarias que dé respuesta a los problemas que hay entre la justicia indígena y la justicia ordinaria.

Destacó la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos de relacionamiento de la justicia ordinaria y la justicia indígena. Refirió que una ley secundaria, que determine con claridad la competencia de las diversas justicias Indígenas, a fin de solucionar los conflictos de competencia existente entre la justicia indígena y la justicia ordinaria.

Finalmente, Rivas insistió en la necesidad de crear una mesa de trabajo integrada por los representantes del sector expertos en la materia.

La comisión Nacional de Reforma Judicial, debe contar con los delineamientos técnicos que le permita avanzar en el diseño de una Justicia Indígena. La Comisión Nacional de Reforma estructural del Judicial está conformada por dos Leyes: 5360/14 y 5493/15. Esta última es la que habilita la participación de sectores, en temas para abordaje que involucren el tema justicia.