02 julio, 2014

El CEJ presenta su propuesta a la “Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal”.

En ese sentido, el Centro de Estudios Judiciales del Paraguay (CEJ), institución que trabaja el fortalecimiento del Estado de Derecho, la participación ciudadanía, el acceso a Justicia y los Derechos Humanos; preocupada por el grave deterioro de la calidad de la justicia y el alto nivel de descreimiento ciudadano, sumado a los altos niveles de corrupción instalado en el circuito judicial penal, viene a plantear propuestas de modificaciones parciales al Código Procesal Penal con una visión de mayor participación ciudadana, en la ampliación de las facultades de la víctima, y en su reconocimiento y legitimidad de actuación.

 

La vigencia de la Ley 1286/98 - Código Procesal Penal, generó diversas expectativas en la comunidad jurídica y en la sociedad, a casi 16 años de su vigencia  y sin realizar una evaluación técnica de los nudos institucionales que existen para aplicar con eficacia la norma, se lleva adelante una iniciativa legislativa para incorporar modificaciones parciales.

 

Desde el Centro de Estudios Judiciales, proponemos una mayor participación de la sociedad civil organizada a través de la “Acción popular” y la directa participación ciudadana con la incorporación del “Tribunal por Jurado”, con estas modificaciones avanzaremos en un proceso penal y un sistema judicial más democrático.

 

Con la incorporación del “Procedimiento en Flagrancia” y la instalación del “Tribunal Unipersonal en los casos de delitos”, lograremos una mayor eficiencia del sistema Penal, dando resultados efectivos y certeros en la aplicación rápida y eficiente de la norma de fondo.

 

El Estado debería estar siempre preocupado por remover los obstáculos que impiden a las personas, y especialmente a los sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad, acceder al sistema judicial. La posibilidad de reconocer como víctimas a las asociaciones en aquellos hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos, y a las comunidades indígenas en los hechos punibles que impliquen discriminación o genocidio de los miembros de una etnia, o generen regresión demográfica, depredación de su hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alineación cultural, significa volver a las raíces de la Republica profundizando el sistema democrático.

 

Acceda a la propuesta completa en el siguiente enlace: Reforma Procesal Penal

COMPARTIR