El Tribunal de Ética para Funcionarios estará integrado por: José Eugenio Jacquet Rivarola, Marta Graciela Antonioli Lucca, María Verónica González Bado, Florinda María Lourdes Rojas Rivas, Basilicio García Ayala, Benito Pereira Saguier, María Jesús Bogado de Schubeius, José Heber Centurión y Carmelo Di Martino.

Cabe recordar que los mencionados organismos cuentan con el apoyo y soporte técnico de la Oficina de Ética Judicial, además de recibir, diligenciar y registrar las denuncias y consultas éticas, e investigar los hechos alegados en las denuncias.

¿Qué es el “Código de Ética para Funcionarios Judiciales”?

La Corte Suprema de Justicia del Paraguay, tiene la responsabilidad, de desarrollar políticas de lucha contra la corrupción y la impunidad, y en tal carácter realizar actividades formativas de conciencia sobre los peligros de la corrupción en el ejercicio de la función pública, los compromisos en ese sentido deben apuntar en avanzar en un sistema Ético integral para el Sistema Judicial, que comprenda no solo la conducta de los jueces sino a todo el funcionariado judicial.

El modelo de Gestión Ética para el Poder Judicial es un asunto colectivo que requiere una activa participación de la sociedad, que gestione y evalué los asuntos éticos y denuncie las conductas anti-éticas del funcionariado

Antecedentes:

La Corte Suprema de Justica por Acordada Nº 844 del 1 de octubre del 2013, ha aprobado el Código de Ética para Funcionarios Judiciales de toda la República del Paraguay.

El Código de Ética para funcionarios judiciales adquiere una importancia fundamental para la lucha contra la corrupción y el mejoramiento en la calidad del servicio de justicia.

Contar con un sistema ético para funcionarios del Poder Judicial cierra el círculo virtuoso del sistema ético, considerando que el Código de Ética para jueces viene aplicándose con bastante éxito desde su vigencia.

Participación de la sociedad civil:

El Código de Ética adopta, para la integración del Tribunal de Ética, un modelo novedoso y Democrático, estableciendo en su composición orgánica la representación de la sociedad civil organizada. Esto marca un hito histórico, permite una participación activa de la sociedad civil en un mecanismo preventivo de mejoramiento del servicio de justicia, además, puede generar procesos de incidencia interna que conlleve mejoras en el funcionamiento del sistema en su totalidad.