El Poder Judicial tiene para este año un presupuesto de alrededor de US$ 227 millones. De este total, el 73 por ciento se destina al pago de salarios y otros beneficios de más de 10.000 funcionarios permanentes y alrededor de 1.200 contratados. El 65% del dinero asignado corresponde a recursos del Tesoro; 34 por ciento a ingresos propios y 1% a créditos públicos. La Corte Suprema tiene previsto recaudar en el 2014 unos G. 200.000 millones, en concepto de tasas judiciales y lo percibido en Registros Públicos y del Automotor. Sin embargo, se habla de un déficit de G. 151.000 millones, por que el Congreso aprobó un gasto de G. 351.000 millones de los recursos propios.

Por Ley N° 5142/14 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2014”, se determinaron las asignaciones presupuestarias para la Corte Suprema de Justicia. El financiamiento quedó de la siguiente manera: el 65 por ciento con recursos del tesoro (FF10); 1% con recursos del Crédito Público (FF20) y el 34 por ciento con recursos institucionales (FF30).

El Poder Judicial tiene para este año un presupuesto de 1.025.190.630.524 o sea alrededor US$ 227.820.140 al cambio actual. De total, G. 666.774.057.659 serán financiados con recursos del tesoro; G. 7.219.699.624 con recursos del crédito público y G. 351.186.873.241 con los ingresos propios de la justicia. Es decir, con lo que se recauda en concepto de tasas, en Registro del Automotor y Registros Públicos.

La Corte estima que recaudará este 2014 alrededor de G. 200.000 millones, con lo cual G. 151.197 de los G. 351.186.873.241 millones, quedaría sin fuente de financiamiento. Esto incidiría directamente en el funcionamiento institucional, ya que el Poder Judicial no podría adquirir bienes e insumos (alquileres de edificios, agua, electricidad, incluso gastos de seguro contra todo riesgo, servicios de mantenimiento, impuestos y gastos administrativos). Este hecho, según fuentes, obligará a los ministros a solicitar una ampliación presupuestaria al Congreso.

El año pasado, el Legislativo asignó al Poder Judicial un presupuesto de G. 1.063.616.650.602. Es decir, G. 38.426.020.078 más que el 2014. Del presupuesto total, G. 816.792.346.726 fueron financiados con recursos del tesoro y G. 239.604.604.252 con recursos institucionales. Sin embargo, este último para el 2014 se amplió a G. 351.196.873. 241, con lo que existe una diferencia de más de G. 111.000 millones, que la Corte tendrá que cubrir con ingresos propios.

Además, más de G. 76.000 millones, para salario de funcionarios, también se tendrá que cubrir con los ingresos institucionales, de los cuales un porcentaje importante se destina (por ley) al Ministerio de Justicia y Trabajo para el mejoramiento y construcción de cárceles y también al Ministerio Público.

El Poder Judicial prepara una ampliación presupuestaria que será presentada al Congreso, para su posterior aprobación. El pedido obligará a los ministros de la Corte a realizar un fuerte lobby ante los legisladores para conseguir el objetivo.

Con el nuevo rumbo, la justicia sufrió un recorte de más de G. 38.000 millones a su presupuesto en comparación al año pasado.

“Lo más resaltante en la distribución de los gastos aprobados es que solamente lo inherente a los servicios personales están financiados ambas fuentes (recursos del tesoro e institucionales). El inconveniente más relevante a considerar es que a partir de los servicios no personales y otros gastos, los recursos previstos corresponden en su totalidad a fuente 30, o sea, de lo que recauda el Poder Judicial”, dice el documento al cual tuvo acceso nuestro diario.

Fuente: Diario ABC Color, Suplemento Judicial, 31 de marzo de 2014.