Las ponencias estuvieron a cargo de la Dra. María Victoria Rivas, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ); el diputado Víctor Ríos, miembro de la Comisión de Reforma Judicial; y Carlos Alberto González Garabelli, Director de Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP).

La Dra. Rivas recalcó que el evento invita a debatir cómo están las instituciones, teniendo en cuenta las grandes crisis que hay en Paraguay. Acotó que aún no hay posibilidad de debatir con la ciudadanía y esa situación dificulta un poco abordar el tema propuesto.

Indicó que el proceso de Reforma Judicial requiere de la participación activa de la sociedad civil, mediante la conformación de una mesa de trabajo, con organizaciones de la sociedad civil y del Estado, en el cual se ha focalizado el tema de “Acceso a Justicia”. Sostuvo que esta última consigna debe ser una causa nacional.

Destacó la necesidad de reconocer las dificultades que hay en el Poder Judicial, se entiende muy poco lo que es el “Acceso a Justicia”, que implica el acceso a lo jurisdiccional, lo relacionado con el Poder Judicial y todo su conjunto. Por otro lado, remarcó las nuevas tendencias que van surgiendo, como mecanismo y posibilidades para que la ciudadanía pueda acceder a solucionar en forma oportuna y pacífica sus conflictos.

Indicadores. La Dra. Rivas señaló que Paraguay avanzó en algunos indicadores de pobreza. Actualmente tenemos un aproximado de 1.500.000 paraguayos están por debajo de la línea de la pobreza y casi 600.000 paraguayos que están en la extrema pobreza. “Tenemos esos datos que están vinculados a condiciones socioeconómicas, por otro lado como país no tenemos ningún dato, ni siquiera se ha incorporado como necesidad, de contabilizar las necesidades jurídicas insatisfechas, es decir nosotros como país ni siquiera sabemos cuanta gente tiene posibilidades de acceder a la justicia, ni siquiera sabemos cuanta gente no recurre al sistema de justicia por motivos económicos, por ejemplo”.

Según los datos, el Poder Judicial tiene entre 258.000 a 300.000 casos a nivel país. Refirió que si se hace un análisis respecto a que son 300.000 personas acceden al sistema de justicia, da un promedio de 3.700 casos por cada 100.000 habitantes.

“Podríamos concluir que somos una sociedad muy pacífica, que no tenemos conflictos o que realmente las personas no quieren recurrir al sistema judicial. Ese es el análisis que nos hace falta como país; debemos saber si realmente nuestros conflictos son los más bajos de la región o tenemos un alto grupo de personas que no quieren recurrir al Poder Judicial”, indicó.

Rivas acotó que 300.000 paraguayos concurren al sistema de justicia. Ante esto, dijo que se podría concluir que son los paraguayos que tienen un acceso a justicia real en donde la sentencia definitiva, que es el producto final del sistema de judicial, restaura la paz social y la gente sale satisfecha.

“Creo que podríamos concluir también que no y sobre todo porque, por los grandes problemas que tiene el Poder Judicial, con las causas que está llevando, por mencionar algunas brechas que existe entre el Acceso a Justicia y el sistema judicial, algunas brechas son principalmente geográficas y económicas”, aseveró la Directora Ejecutiva del CEJ.

Mencionó que en una encuesta de datos de bolsillo realizada por la organización, se llegó a la conclusión de que una persona para acceder al sistema formal de justicia, necesita de 600.000 a 700.000 guaraníes. Esto a pesar de que haya recurrido a los beneficios que ofrece el sistema de justicia. Lo cual la brecha económica sigue siendo un elemento central para acceder al sistema de justicia.

Democratizar. El diputado Víctor Ríos reflexionó que la Corte Suprema de Justicia es una institución más verticalista que las Fuerzas Armadas. Habló de la necesidad de democratizar el Poder Judicial.

“Sigue siendo el Poder Judicial de Alfredo Stroessner. La matriz del pensamiento autoritario de Alfredo Stroessner está aún arraigada en el Poder Judicial”, apuntó el legislador luego de comentar su experiencia y las anécdotas vividas con su familia en un pleito judicial que arrastraron por un problema de tierras en el departamento de Ñeembucú.

El diputado Ríos se preguntó ¿a quién protege el sistema judicial? A renglón seguido, mencionó que todos conocemos los abusos que hay en contra de los imputados. Hay países donde existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y actuación de violencia contra las mujeres, mencionó.

Acceso a la Justicia. Carlos Alberto González Garabelli, Director de Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP), enfatizó que un amplio sector sufre déficit en sus derechos humanos y que uno de esos problemas fundamentales es el “Acceso a Justicia”.

Significó que el “Acceso a Justicia” es una necesidad que debe plasmarse de manera primordial en la Constitución Nacional. Sostuvo que hay que tener en cuenta que uno de los males fundamentales es justamente la dificultad que tiene la gente en acceder a la justicia.

“Ese el tema que tiene que evidentemente ser tratado no solamente por el sector público, también por el sector privado, muy especialmente en las universidades y además creo que toda persona que tiene interés en la plena vigencia de los derechos humanos en Paraguay, tiene que prestar su apoyo para que el acceso a justicia sea una realidad que esté al alcance de todos el pueblo paraguayo”, significó.

González Garabelli mencionó que las personas que actúan en cuestiones de Acceso a Justicia perciben que el problema tremendo que tiene aquella persona que necesita acceder a la justicia y comienza sin tener la menor idea de cuál es la autoridad judicial a la cual debe recurrir para poder ejercer los derechos que tuvieran eventualmente esa es una realidad en nuestro país.

“Por ello ahora que se está hablando de Reforma Constitucional, es la constitución la que tiene que establecer normas fundamentales, que puedan ser realmente rectoras en todo aquello que haga al vigencia de los derechos humanos de la gente más necesitada y poder acceder a la justicia, no solamente con absoluta libertad, sino también con garantías suficientes para que el ejercicio de la justicia verdaderamente llegue con todo el rigor que corresponde”, indicó.