Entre los días 9 y 12 de diciembre tuvo lugar en Santiago de Chile la XXIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Participaron más de 100 representantes de Entidades Fiscalizadoras Superiores de 20 países y de diversos organismos internacionales de cooperación técnica.

 En ese marco, entre los días 9 y 10 se desarrolló la Feria de la Asamblea, en la que presentaron su trabajo las comisiones de OLACEFS, agencias de cooperación y organizaciones de la sociedad civil de la región, entre ellas, el Centro de Estudios Judiciales de Paraguay (CEJ) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina (ACIJ), en representación de la red Iniciativa TPA. Entre los productos lanzados el último año, se presentó el informe “Las tecnologías de la información y el control público en América Latina” y también “Órganos de control en Latinoamérica: indicadores de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas”

Se trata de la primera vez que organizaciones de la sociedad civil son invitadas a participar en una Asamblea General de OLACEFS, lo que sienta un precedente valioso para profundizar la agenda de articulación entre ciudadanía y Entidades Fiscalizadoras Superiores.

En efecto, en su discurso de bienvenida, el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la República de Chile, Ramiro Mendoza, enfatizó que “la sociedad civil exige no sólo ser beneficiaria de políticas públicas, sino también participar en su diseño, ejecución y evaluación, y uno de los campos donde los ciudadanos exigen también participar es en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la probidad”.

Cabe señalar que en el marco de la Asamblea se firmó la Declaración de Santiago, que refuerza la senda de promoción de iniciativas de vinculación de la sociedad civil a la labor que desempeñan las EFS, inaugurada con la Declaración de Asunción de 2009, y profundizada con las normas internacionales ISSAI N° 20 y 21 del año 2010.

Suscrita por 19 EFS miembros plenos de OLACEFS, la Declaración de Santiago reflexiona respecto del contexto en que las EFS desarrollan su labor, y donde enfrentan nuevos desafíos, con el objetivo de responder a la transparencia y publicidad de la información que afecta el interés público, ámbitos ahora objeto de demandas por parte de la sociedad civil.

En el documento se plantea un nuevo perfil del ciudadano, que añade a su condición de elector la de partícipe activo en la deliberación pública y en la definición y evaluación de las políticas. Tras admitir la creciente desconfianza ciudadana en las instituciones, la Declaración postula también que las EFS han registrado un avance importante en la construcción de una nueva relación con la ciudadanía y ello requiere que profundicen su papel en la lucha contra la corrupción a fin de revertir este proceso de desconfianza.

En particular, el Principio 9 de la Declaración de Santiago refiere a que “OLACEFS propiciará el desarrollo de las más diversas formas de relación y buenas prácticas de articulación y trabajo colaborativo con los ciudadanos y la sociedad civil, especialmente en cuanto a facilitar sus denuncias, a proporcionarles información útil y accesible basada en datos abiertos y a su inclusión en el ciclo de las auditorías”.

Para acceder al texto de la Declaración, haga click en la imagen a continuación:

Referencia:

La INICIATIVA TPA reúne a organizaciones de la sociedad civil de distintos países de América Latina interesadas en contribuir al fortalecimiento de los sistemas de control público a través de la promoción de prácticas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas –accountability- (TPA) en las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de la región. El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) forma parte de dicha iniciativa.

Para conocer más sobre la Iniciativa TPA, haga click aquí.

http://iniciativatpa.org/