Ante la reciente divulgación de datos públicos que permitió conocer en detalle los casos de nepotismo y tráfico de influencias en varias instituciones públicas, el Centro de Estudios Judiciales manifiesta su enérgico rechazo a las prácticas prebendarias en la que incurren varias autoridades públicas y aboga por la instalación de mecanismos de transparencia efectivos que devuelvan la confianza en las instituciones democráticas. Insta especialmente a los representantes de los tres poderes del Estado a que transformen esta situación tan claramente negativa para el prestigio de las instituciones, en una oportunidad para proponer  acuerdos que fortalezcan la transparencia del sistema democrático, a saber:

1-      Aplicar la ley 1626/2000 de la Función Pública que contempla el concurso público de oposiciones para acceder a un cargo en el sector público, respetando la igualdad de oportunidades para participar en la función pública, en base a la idoneidad.

2-      Implementar efectivamente los mecanismos de transparencia y el acceso a la información en todas las instituciones públicas y, en ese sentido, proponer que otras cuestiones como los presupuestos institucionales, las contrataciones de bienes y servicios, etc., sean puestas a disposición de la ciudadanía de manera oportuna, actualizada y periódica.

3-      Preservar el Estado de Derecho, exigiendo la aplicación de las leyes vigentes: Ley 2777/ 2005 – Que Prohíbe el Nepotismo,             Ley 2523/ 2004 – Que tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias, Ley 2880/ 2006 – Que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado.

4-      Tomando en cuenta los artículos 105 y 201 de la Constitución Nacional, exigir la sanción de los actos de tráfico de influencias y salarios múltiples descubiertos y solicitar la corrección de esos hechos anulando los efectos de los mismos.

5-      Apoyar y acompañar a los fiscales que ha iniciado una investigación de oficio ante los casos de nepotismo y tráfico de influencias detectados recientemente, para evitar la impunidad de los hechos de corrupción perpetrados.

Asunción 24 de octubre de 2013