Participaron del evento, funcionarios de gobiernos de la región y representantes de organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia. Entre los estamentos de gobiernos, estuvieron representantes de cancillerías, ministerios de seguridad, organismos de registros de armas, aduanas y organismos policiales. Las delegaciones participantes pertenecen a Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.

La Conferencia Regional “Violencia Armada y poblaciones vulnerables: mejorando el control de armas y la prevención de la violencia”, es un espacio que permite compartir las experiencias en torno al control y prevención de la violencia armada, convirtiéndose la actividad en un espacio de intercambio en aprendizajes y buenas prácticas a nivel regional.

Analizando la situación del Paraguay, teniendo en cuenta las ponencias presentadas por los representantes de instituciones de gobierno como la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), Policía Nacional, Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores, el Centro de Estudios Judiciales realiza un análisis sobre los principales desafíos para el país, con recomendaciones puntuales en la materia.

En cuanto a la incidencia de la violencia armada en la población civil, tenemos que en el Paraguay, cada año mueren entre 450 y 550 personas a causa de las armas de fuego. De estas cifras, el 90 % son homicidios y el 10% suicidios. Entre el 65 y 70% de los homicidios registrados, se realizan con armas de fuego. Además, cada año tenemos entre 900 y 1.000 personas lesionadas con armas de fuego.

En el Paraguay, existen unas 400.000 armas registradas de manera legal para uso de la población civil. Estos datos, no incluyen cifras sobre cantidad de armas no registradas y que circulan en negro. Algunas estimaciones señalan que el mercado negro de armas no registradas estaría entre 100.000 y 700.000 armas de todo tipo, incluso armas de uso prohibido para civiles.

Uno de los principales desafíos del Paraguay es avanzar hacia la lucha contra la proliferación de armas pequeñas y ligeras en la población civil. Para ello, se proponen algunos pasos que se consideran fundamentales y que se citan a continuación.

A nivel legislativo, se recomienda establecer requisitos más rigurosos para acceder a la tenencia y portación de armas. Con esto se busca que los usuarios de armas de fuego demuestren estar en condiciones plenas para el manejo seguro y responsable de dichas armas.

Como buenas prácticas o experiencias exitosas a nivel regional, se recomienda avanzar hacia la implementación de una ley de Desarme Civil y un plan nacional de entrega voluntaria de armas. Estos instrumentos normativos permiten establecer sistemas que ayudan a reducir la circulación de armas de fuego en la población civil, especialmente aquellas armas no registradas y que forman parte del mercado negro, así como armas obsoletas y armas heredadas. Dicho sistema culmina con la inutilización y destrucción de las armas de fuego.

Así mismo, se debe agilizar la inutilización y destrucción de armas decomisadas que están en los depósitos de la Dirección de Material Bélico, por considerarse materiales potencialmente peligrosos para la seguridad interna del país. Se recomienda avanzar hacia la inutilización y destrucción de dichos armamentos, que en su mayoría fueron utilizados para cometer crímenes y que están bajo resguardo de procesos penales. Dicha acción requiere la coordinación de acciones entre la DIMABEL y el Poder Judicial, a fin de establecer protocolos para el efecto.

A nivel de comercio de armas, se recomienda elevar el nivel jerárquico de las normas que regulan temas sensibles del comercio de armas, por ejemplo, sobre los requisitos referentes a la importación, comercialización, tránsito internacional, de armas de fuego, municiones, explosivos, accesorios y afines. Actualmente, existen resoluciones administrativas que hablan sobre el tema. Consideramos que se debe avanzar hacia un decreto reglamentario o incluir dichos requisitos en la ley de armas, por tratarse de un tema especialmente sensible. Además, se recomienda establecer mecanismos rigurosos de control sobre dichos importadores y comerciantes, teniendo en cuenta los hechos de público conocimiento ocurridos en el presente año, donde importadores legales están vinculados con el crimen organizado y el tráfico de armas de uso prohibido para la población civil.

A nivel de compromisos internacionales, nuestro país forma parte activa del Tratado de Comercio de Armas, el principal desafío para el año 2017 está relacionado con la presentación del informe inicial de implementación de dicho tratado, así como el informe anual sobre importaciones y exportaciones de armas. Desde la sociedad civil alentamos a las autoridades nacionales en la publicidad de dichos informes, siguiendo el principio de transparencia que versa el TCA.