El encuentro que se realizó en el Hotel Crowne Plaza, el pasado 3 de noviembre. Contó con la presencia del Dr. Alberto Martínez Simón, representante de la Corte Suprema de Justicia.

La Dra. Rivas reflexionó sobre la importancia de lograr la independencia del Poder Judicial, porque en primer lugar, representa a un Poder del Estado. “Además tiene que tener una independencia como Poder del Estado y de una independencia funcional que debe rodear de ciertos requisitos a los jueces”, apuntó.

Explicó el alcance del trabajo que vienen realizando desde la Comisión Nacional de Reforma Judicial, en donde se pretende establecer algunos delineamientos y propuestas que puedan servir para fortalecer el sistema de trabajo de la justicia paraguaya.

Entre los puntos críticos que se tuvieron en cuenta para diseñar una reforma, la Dra. Rivas destacó que se tuvo en cuenta la falta de acceso a la justicia, la mora judicial, los niveles de corrupción y la poca confianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial. “Son cuatro desafíos que se tienen en cuenta, diseñamos un proceso de reforma dentro de esa complejidad”, significó.

Mencionó que en la Constitución Nacional de 1992 se diseña un Poder Judicial para Paraguay y se incorporan ciertos elementos que pretendían darle independencia al Poder Judicial. Sin embargo, recalcó que a más de 20 años de su implementación, los órganos que fueron creados para brindar independencia y seguridad a los jueces en el ejercicio de sus funciones, son finalmente los “órganos que van conspirando” contra la independencia funcional de los jueces, en lo que respecta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura.

“Todos esos elementos negativos y como se construye a partir de esa experiencia que tuvo Paraguay. A eso hay que sumarlo la cultura política clientelar, prebendaría, que de alguna forma va deteriorando la institucionalidad del país y eso genera una serie de problemas al funcionamiento de todo el circuito del Estado de derecho”, significó ante el auditorio.

Eficacia-Eficiencia. Rivas sostuvo que la idea es que con una nueva ley se avance hacia la cultura de considerar como debe funcionar el circuito del Poder Judicial. Remarcó que Paraguay es el país con menor confianza hacia la Justicia.

Ante esta situación, insistió en la necesidad de trabajar en la eficacia y eficiencia que corresponde al funcionamiento de un sector del Poder Judicial. Mientras que paralelamente a esto hay que trabajar en la independencia del sistema. “La eficacia y eficiencia repercute directamente en disminuir la mora judicial y en la corrupción interna del Poder Judicial. Debemos mirar cual es modelo que tenemos como sistema judicial y, cómo podemos combatir y desmontar esa burocracia que genera todo el circuito de mora”, sentenció. Paraguay es un país con bajo nivel de litigiosidad. Hay alrededor de 257.000 casos en todo el territorio nacional.

Otro punto central que hay que evaluar es el funcionamiento del Presupuesto Judicial. Es uno de los países con alto índice presupuestario. Paraguay tiene un buen nivel en materia de cantidad de jueces que llega a 15 por cada 100.000 habitantes. “Es el mejor indicador de la región. Tenemos todos los indicadores positivamente alineados para conseguir el sistema”, aseveró.

Para mejorar la eficacia y eficiencia están trabajando en dos leyes: Código de Organización Judicial y la Ley que Regula la Corte Suprema de Justicia. Las mismas incorporarán modificaciones.

Además, mencionó que están trabajando en el sistema de selección y sanción de magistrados que actualmente está recibiendo mucha presión política.

Avances. Por su parte, el senador Eduardo Petta, sacó a colación que la gente no confía en que el Poder Judicial pueda reivindicar algún tipo de derecho, porque en primer lugar hay una percepción de que el mismo solamente sirve para beneficiar a un sector de la población.

“Es un sistema perverso de años donde el juez, fiscal, defensor, no tiene esa libertad de acción entonces pareciera que la clase política tiene una injerencia muy fuerte dentro del Poder Judicial. Entonces estos jueces, fiscales, defensores, terminan dependiendo de la clase política y cuando quieres arremeter contra el sistema, te espera el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dependiente de la clase política, que actúa de acuerdo al deseo de los políticos de turno, ya que está integrado por los políticos”, sentenció.

El legislador consideró que hay que trabajar en modificaciones que puedan abrir paso a los juicios orales, accesibilidad, un diseño constitucional del Poder Judicial que sea fuerte y democrático. Acotó que hay una Corte Suprema de Justicia, que se maneja como feudo. “Como son nueve (los ministros de Corte) se dividen el país en zonas, que maneja más de 450 millones de dólares anuales; están más ocupados en las cuestiones administrativas, que las cuestiones judiciales, como ejemplo, una acción de inconstitucionalidad tarda años, no sale nunca, salvo que sea el pedido de algún político de peso”, remarcó Petta.

Sentenció que ante esta situación se conformó la Comisión Nacional de Reforma del Poder Judicial, para discutir entre los representantes de los tres poderes del Estado.

La Comisión se dividió en dos Subcomisiones. La Subcomisión I es presidida por el representante de la Corte Suprema de Justicia; mientras que la Subcomisión II es liderada por el representante del Poder Ejecutivo. En las mismas están presentes los representantes de los Abogados, fiscales, defensores, Magistrados, pero para que esto resulte, se llegó a un consenso político. Todo lo aprobado en la Comisión Nacional de Reforma Judicial se envía al parlamento, tendría que ser aprobado en diputado luego en senadores y por último el Poder Ejecutivo.

Entre las propuestas ya aprobadas está la Ley de Organización del Poder Judicial, Ley del Consejo de la Magistratura, Ley del Jurado del Enjuiciamiento, que viene con una nueva figura, que es la del Fiscal Acusador, para eliminar la oficiosidad de las denuncias. También está La Ley de Carrera Judicial y la Ley de Acceso a Justicia, que a fines de noviembre vamos a presentar al parlamento para su aprobación.