El 20 de febrero se recuerda el “Día Mundial de la Justicia Social”, declarado en el año 2007, en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, con el fin de promover el desarrollo y la dignidad humana. La justicia social contempla la igualdad de oportunidades, de respeto y cumplimiento de los derechos humanos, la erradicación de la pobreza, los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes, la igualdad de género.

“La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos”, dice la declaración de las Naciones Unidas.

“Se promueve la justicia Social cuando se rompen barreras como la desigualdad de género la diferencia de color, raza, etnia, cultura, edad, discapacidad y religión, cuando existe un acceso a la justicia igualitaria”, agrega.  

Desde el Centro de Estudios Judiciales creemos que todo sistema de justicia debe centrarse en las personas, en su protección. El desafío para construir una sociedad en justicia social desde el Poder Judicial empezó para nosotros en la idea de abrir nuevos espacios de ciudadanía en la toma de decisiones, en el control del manejo de fondos públicos que se destinan para mejorar los servicios de justicia, en el mejoramiento de la gestión judicial, en los resultados que más que medirlos por casos resueltos en un futuro pueda ser medido el desempeño judicial por cuántas personas han sigo protegidas, muchas como ancianas, niñas, migrantes, monolingües y en estado de pobreza, quienes todavía apenas pueden llegar cada día a plantear sus situaciones de riesgo y vulneración de derechos.

Con la herramienta ciudadana que hemos construido con otras organizaciones sociales: Observatorio de Acceso a Justicia América Latina y Caribe www.observatoriojusticia.org contamos con una plataforma de indicadores, un espacio virtual para medir los avances del acceso a justicia como elemento para una sociedad más justa, igual en oportunidades y de mecanismos para el ejercicio de derechos de la ciudadanía, sin discriminación. A través del Observatorio de Acceso a Justicia se pretende obtener una información veraz y actual sobre el acceso a justicia según la visión de las organizaciones que trabajan en contacto con los colectivos en situación de vulnerabilidad, tendiente al fortalecimiento de modelos judiciales.

En el año 2012 hemos realizado un informe que indicó que las previsiones normativas para asegurar el acceso a la justicia son bastante positivas y avanzadas en la región, donde en la mayoría de los países se reconoce tanto el derecho a recibir asistencia técnico jurídica de contar con órganos especializados para la atención de los casos de personas en condición de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, comunidades indígenas, entre otros). Sin embargo, los obstáculos para el acceso a justicia se encuentran en la aplicación práctica de las normas y la funcionalidad real o articulación de las estructuras orgánicas creadas para garantizar el acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Los puntos críticos son:

• Acceso a asistencia legal gratuita y de calidad.
• Personal especializado en las diferentes temáticas que afectan a los colectivos en situación de vulnerabilidad (género, discapacidad, edad).
• Plazos de los procesos judiciales
• Difusión y acceso a medios alternativos de resolución de conflictos.
• Acceso a la información sobre procesos judiciales.
• Medidas para mejor comprensión de actuaciones judiciales.
• Accesibilidad de dependencias judiciales por distancias geográficas y barreras arquitectónicas.

Por un sistema de justicia que construya una sociedad justa, recordemos este día de la justicia social en todos los lugares del planeta.