La presentación se realizó en el marco de un encuentro con representantes de la sociedad civil y de medios de comunicación.  “El objetivo es tratar de vincular las necesidades específicas de los grupos más vulnerables de la sociedad para propiciar el acceso a justicia, teniendo en cuenta el compromiso asumido por la Corte Suprema de con las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, a modo de garantías mínimas comunes a todos los sectores”, dijo la dra. María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales. Dicho documento fue suscrito  por la Corte en la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en marzo de 2008 en Brasilia.

Para la realización de la consulta regional, cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad estuvo representado por al menos una organización del Observatorio de Acceso a Justicia. De esta manera se logró la validación de la herramienta de medición, teniendo como eje las Reglas de Brasilia para el acceso a justicia para las personas en condiciones de vulnerabilidad.

El Observatorio de Acceso a Justicia de América Latina y el Caribe, cuya dirección es www.observatoriojusticia.org,  está impulsado por el Centro de Estudios Judiciales, a través del área de Justicia y Derechos Humanos, cuya coordinadora es la abg. Yeny Villalba. Se trata de un espacio que aglutina a 27 organizaciones de la sociedad civil y redes civiles de la Región, cuyo trabajo se relaciona con grupos de la población consideradas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de fortalecer una real protección de las personas en el cumplimiento de sus derechos, a través de la vigilancia y el monitoreo del acceso a la justicia.

A través del Observatorio de Acceso a Justicia se pretende obtener una información veraz y actual sobre el acceso a justicia según la visión de las organizaciones que trabajan en contacto con los colectivos en situación de vulnerabilidad,  tendiente al fortalecimiento de modelos judiciales.

Principales conclusiones
Las previsiones normativas para asegurar el acceso a la justicia son bastante positivas y avanzadas en la región, donde en la mayoría de los países se reconoce tanto el derecho a recibir asistencia técnico jurídica de contar con órganos especializados para la atención de los casos de personas en condición de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, comunidades indígenas, entre otros). Sin embargo, los obstáculos para el acceso a justicia se encuentran en la aplicación práctica de las normas y la funcionalidad real o articulación de las estructuras orgánicas creadas para garantizar el acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Los puntos críticos son:

1. Falta de acceso a asistencia legal gratuita y de calidad.
2. Falta de personal especializado en las diferentes temáticas que afectan a los colectivos en situación de vulnerabilidad (género, discapacidad, edad).
3. Procesos judiciales excesivamente largos.
4. Falta de difusión y acceso a medios alternativos de resolución de conflictos.
5. Problemas en el acceso a la información sobre procesos judiciales.
6. Falta de medidas para mejor comprensión de actuaciones judiciales.
7. Falta de accesibilidad de dependencias judiciales por distancias geográficas y barreras arquitectónicas.

Indicadores de medición:
·    Asistencia técnico-jurídica
·    Especialización de personal, Actuación interdisciplinaria
·    Agilidad, Coordinación, Prioridad (en atención personas en condición de vulnerabilidad).
·    Anticipo jurisdiccional de prueba, Oralidad
·    Difusión y aplicación de formas alternativas de resolución de conflictos
·    Información procesal y jurisdiccional: Contenido, tiempo y forma; Derecho de la víctima a recibir información
·    Derecho a intérprete, Comprensión de actuaciones judiciales en general, Comprensión de notificaciones y requerimientos, Comprensión de resoluciones judiciales, Información sobre la comparecencia en dependencias judiciales
·    Proximidad, Accesibilidad de las personas con discapacidad, Aprovechamiento de nuevas tecnologías para mejorar acceso a justicia.

Lista de integrantes del Observatorio de Acceso a Justicia América Latina y Caribe

1. Servicio Paz y Justicia (CEJIP)    Ecuador       
2. Amnistía Internacional    Chile       
3. Asociación de Minorías Sexuales del Uruguay    Uruguay       
4. Centro de Estudios sobre Justicia y Participación    Bolivia       
5. Instituto Sou da Paz    Brasil       
6. Asociación por los Derechos Civiles    Argentina       
7. Asociación para Politicas Públicas - APP    Argentina       
8. Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay    Uruguay       
9. Mujer y Salud en Uruguay    Uruguay       
10. Casa de la Mujer de la Unión     Uruguay       
11. Grupo Vigencia    Perú       
12. Intituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED)    Rca. Dominicana       
13. Asociación de Comunidades Unidas para la Paz y el Desarrollo  de el Salvador (ACOMUDES)    El Salvador       
14. Organización Afrodescendientes – Centro de Autoreconocimiento Afrocolombiano (CENAFRO)    Colombia       
15. Colectivo Afro descendientes pro Derechos Humanos Univalle Benkos Vive (CADHUBEC)- Colombia    Colombia       
16. Asociación Kunas Unidos por Napguana (PUEBLOS INDIGENAS)-Panamá    Panamá       
17. Capacidades Diferentes Marce A:C:    México       
18. Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia CDIA    Paraguay       
19. ParIgual    Paraguay       
20. Fundación Alda    Paraguay       
21. Asociación Santa Lucía    Paraguay       
22. Fundación Vencer    Paraguay       
23. Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa OEI    Paraguay       
24. Grupo Bipolares de Paraguay    Paraguay       
25. Fundación Avina    Paraguay       
26. Fundación Saraki    Paraguay       
27. Centro de Estudios Judiciales    Paraguay   

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