Una agenda para una Reforma Judicial a favor de la independencia judicial.

El año 2013 trae grandes posibilidades de  renovación de la clase política y lo que ello significa en término de institucionalidad y oportunidad  para iniciar procesos de cambios más profundos en las instituciones del País. En este contexto, se impone avanzar en una agenda seria para la reforma judicial, a favor de la independencia en la justicia.

Actualmente, el Poder Judicial sigue atado a viejos procedimientos y rutinas, y atrapado en modelos de relacionamiento con los otros Poderes que no condicen con el papel que le asigna la Constitución de 1992. Los esfuerzos que se realizaron no han logrado hasta el momento modificar de un modo radical las prácticas anteriores a la Carta Magna, ni han generado un sustento estructural y perdurable para una verdadera y completa independencia judicial.

Es imperioso que el Poder Judicial inicie un proceso de cambio más profundo. En particular, la confusión de actividades jurisdiccionales y administrativas, y el excesivo rol protagónico de la Corte Suprema de Justicia en toda la vida del Poder Judicial se vuelven ya elementos negativos que son necesarios revertir con la mayor rapidez y fuerza.

Uno de los puntos centrales para avanzar en la reforma es limitar las funciones administrativas de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, liberando su tiempo para  el dictamiento y análisis jurídicos de las complejas causas que llegan a la máxima instancia judicial. Con este cambio de modelo, preservaríamos además la independencia de los ministros, los mismos dejarían de inmiscuirse en temas que los vuelven vulnerables a las constantes peticiones de una clase política clientelar.

También se evidencia necesidad en avanzar en distintos modelos de despachos y de incorporar en forma rápida la utilización de tecnología, con su consabido beneficio de ahorros en términos de tiempo y costo, mayor transparencia  y accesibilidad para los profesionales. Hay un alto porcentaje de abogados que están de acuerdo en el mecanismo de litigación por internet, constituyendo éste un paso transcendental para la modernización del sistema judicial, facilitando enormemente el acceso a justicia (ver estudio sobre TICs y Justicia en www.cej.org.py).

La injerencia Política, en el sistema de selección de magistrados y en el sistema de sanción, plantea la necesidad de nuevos mecanismos de integración, mejorando la calidad de la representación que no sean representantes directos de las corporaciones sino gente de valor elegidos por ellos. Es por eso que el CEJ recomienda que el sistema de selección se vincule con una carrera judicial, lo que disminuiría los márgenes de discrecionalidad. Debemos armar  una arquitectura compleja, vinculando carrera judicial, buen sistema de ratificación, capacitación, salario justo y beneficios sociales acorde con la jerarquía, con miras a frenar la  injerencia política en la justicia.

La crisis institucional que ha generado como todos los años la aprobación Presupuestaria del Poder Judicial pone al desnudo la insostenibilidad de los salarios unificados para jueces por instancias en todo el territorio de la Republica. Este modelo está absolutamente desfasado e impide el mejoramiento de la calidad de los servicios de justicia.

Los beneficios salariales que vienen recibiendo jueces y funcionarios del Poder Judicial no ha mejorado el servicio de justicia, lo que obliga a nuevos modelos que estén vinculados a mejoras salariales con resultados y calidad en el servicio.

Hoy ya es necesario dar un paso más profundo en pos del programa constitucional sobre el Poder Judicial, que permita sentar las bases de un marco institucional  más eficaz en la preservación de la independencia judicial, que avance en la democratización interna del Poder Judicial, que lo dote de mejores instrumentos para cumplir con el servicio de administrar justicia y que cambie las relaciones con el conjunto de la sociedad, de modo que su legitimidad se funde en una confianza sustentaba en el aprecio por su trabajo y en el reconocimiento de su imparcialidad.

El 2013 es un año propicio para instalar las mínimas condiciones de la vida democrática con mayores niveles de inclusión social y justicia, donde el estado de derecho y el imperio de la ley se conviertan en una herramienta de la vida cotidiana y no en una mera declaración formal.