En Paraguay, la corrupción es expresión de un modo de ejercer y administrar el poder, equivalente al saqueo de los recursos públicos que deberían ser utilizados para las políticas sociales. Por eso, la corrupción en Paraguay es un negocio que funciona bien para unos pocos y muy mal para la gran mayoría, afectada en la vulneración de sus derechos más esenciales.

Para combatir la corrupción, ésta tiene que ser comprendida no como un problema moral sino como un comportamiento delictivo que lesiona los derechos humanos de las personas. Se debe implementar políticas que reformen y solucionen problemas específicos que hacen posible la corrupción, sancionando a los culpables y apuntando a la reparación del daño social producido con esta práctica.

Es por eso que, en este momento político que vive el país, el Centro de Estudios Judiciales insta a los gobernantes y a los candidatos de los distintos partidos políticos a avanzar en la elaboración de políticas públicas que contemplen los siguientes 8 puntos esenciales para agenda anticorrupción:

1-    Fortalecer los organismos de control (Contraloría General de la República, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Contrataciones Públicas, Ministerio Público, Poder Judicial).
2-    Avanzar en el mejoramiento de la gestión de las instituciones del Estado, así como en sus sistemas de control interno.
3-    Dotar de institucionalidad a la lucha contra la corrupción, sancionando las siguientes leyes: de Participación Ciudadana, de Acceso a la Información Pública, de Protección del Denunciante y de Conflictos de Intereses por Sector.
4-    Reglamentar un sistema de Declaración Jurada de Bienes que sea transparente y pública.
5-    Institucionalizar la rendición de cuentas.
6-    Fomentar la participación ciudadana y lograr mayor activismo en denuncias por casos de corrupción.
7-    Definir una política de recuperación de activos destinada a reparar el daño social.
8-    Crear un organismo del Ejecutivo que tenga a su cargo las políticas de transparencia y anticorrupción.