También se socializaron preocupaciones en materia de garantías y protección judicial desde el debate de la situación del acceso a justicia, partiendo de los temas pendientes en la agenda pública. Durante el conversatorio, la abogada Yeny Villalba, coordinadora del área Justicia y Derechos Humanos del CEJ, presentó la experiencia de la institución en la creación de redes para el acceso a la justicia, con el objetivo de que tanto las personas como los organismos puedan reclamar garantías y protección judicial, y para impulsar la reparación a las víctimas de violación de sus derechos fundamentales. También fue presentada la herramienta del Observatorio de Acceso a la Justicia América Latina y Caribe, www.observatoriojusticia.org, impulsada por el CEJ.

El conversatorio tuvo como punto de partida las causas judiciales contra victimarios de la dictadura stronista, y experiencias de las organizaciones en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El Dr. Carlos Portillo de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo indicó que “los casos contra victimarios de la dictadura están congelados”, refiriéndose a aquellos reclamos pendientes y desde la incidencia de organizaciones de víctimas de la dictadura stronista que las asociaciones de víctimas plantearon al Poder Judicial contra victimarios.

Por su parte,  David Cardozo, de la Red de Ongs ambientalistas ROAM, aseguró que en los casos de conflictos con el medio ambiente, la fiscalía generalmente no interviene en favor de las comunidades más pobres y que las denuncias que se presentan terminan sin efectos, en su mayoría.

Marta Rivas, del CEJ, y Milena Pereira, de BASE IS, destacaron la importancia de impulsar la mediación y resaltar la profundización en temas como la defensa de los intereses colectivos. Al respecto, el conversatorio concluyó en la importancia de avanzar en la creación de una unidad especializada para los conflictos de interés público, que son aquellos hechos que suponen intereses colectivos en riesgo. Además se señaló que esta unidad debe crearse y sostenerse con acompañamiento de la sociedad civil.

Como resultado del conversatorio, se consensuó en la importancia medir y controlar los avances a las acciones del Poder Judicial para mejorar los niveles de acceso a justicia. Es importante destacar que el acceso a justicia es un derecho fundamental, bajo la garantía de la igualdad ante la ley y la no discriminación, que posibilita a todas las personas y a los sectores más vulnerables, el conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos, mediante los servicios del sistema de justicia. Solo con un acceso real a la justicia se puede garantizar la democracia real en Paraguay.

Participaron del conversatorio Nury Montiel Directora de la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial; Mirta Ruiz, de la Fundación Vencer; Olga Bilbao de la Asociación GRUBIPA; Norma Giménez, de Sobrevivencia, y Pia Devoto de la Asociación para Políticas Públicas de Argentina APP, integrante del Observatorio de Acceso a la Justicia América Latina y Caribe, en comunicación virtual vía skype, desde Buenos Aires - Argentina. También estuvieron representantes del Centro de atención de denuncias de discriminación – PVVS, y estudiantes de la clínica de derechos humanos de la Universidad Columbia del Paraguay.