El evento estuvo organizado por el Ministerio Público, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y con el apoyo del Centro de Estudios Judiciales.

Dicho evento se realizó en el marco del Subprograma 2 “Justicia y Anticorrupción” del Programa Nacional Integrado para el Paraguay “Fortalecimiento del Estado de Derecho, la Seguridad y la Justicia en el Paraguay”, impulsado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Dr. Alberto Binder realizó una serie de observaciones y recomendaciones para mejorar el sistema penal del Paraguay. Reflexionó sobre los datos estadísticos que señalan que la tasa de suspensión de audiencia preliminar ronda en un 50 por ciento; existen problemas por el hacinamiento carcelario y hay un uso débil de las salidas alternativas.

“Está en el horno, no en los términos de que la justicia está colapsada, sino que el problema es que estamos generando daño a la sociedad, ese es el punto central”, apuntó Binder a la actuación fiscal.

Consideró que esta problemática no solamente se discute en Paraguay, sino que es una situación que enfrenta a varios países de la región de América Latina.

Binder remarcó que hay que ponerse a trabajar para desentrañar el nudo y hacer algo que, en otros países, ya están trabajando y buscando a solución.

Exhortó a llamar al pragmatismo más extremo para buscar una solución a los defectos de la justicia penal.

Recordó sobre las reformas realizadas a la justicia penal en 1992. Sostuvo que hubo avances y que se han logrado muchas cosas. Sin embargo, recalcó que a partir del 2005 se hacen las primeras evaluaciones del sistema acusatorio. “Hay una tendencia del sistema a las altas suspensiones de audiencias, dificultades de litigios en operadores judiciales. Escaso uso de salidas alternativas. En 10 países se registra el mismo fenómeno”, sacó a colación entre las principales dificultades registradas en el sistema penal.

Ante este panorama, mencionó que surge la pregunta y la necesidad de determinar cómo se puede destrabar esta situación.

Reingeniería organizacional. Binder sostuvo que el Ministerio Público y el Poder Judicial, son las dos grandes instituciones que deben dar pasos organizacionales para hacer fluir el sistema. Respecto a la situación de los jueces, puso hincapié en la necesidad de creación de “Colegios de Jueces” con el fin de que todos actúen en conjunto en un solo colegio, auxiliado por una sola oficina judicial cuyo, único trabajo es estar en la sala de audiencia. Acotó que Paraguay no ingresó en la reforma penal de segunda generación y que eso es un problema que debe ser resuelto.

En referencia a la reforma de tercera generación, el jurista internacional acotó que sigue siendo un problema la capacidad de litigación.

Salidas alternativas de fondo. Binder mencionó, que entre las observaciones, se puede mencionar que el Ministerio Público repite el modelo celular de organización y carece de toda política de persecución penal. Mencionó que no se aplican las salidas alternativas y que cuando llega la audiencia preliminar congestiona todo. Binder señaló que es un problema grave y recomendó a los fiscales que deben dejar de mirarse el ombligo y creerse que son organizaciones egocéntricas.

Sostuvo que se ha generado un diálogo malo entre la sociedad y el Poder Judicial. Mencionó que las autoridades que están al frente de la Justicia tienen miedo a la sociedad y se esconden. Y que esta última hace fuertes críticas al sistema de justicia.

“Divorciarse es imposible. Hay que recomponer la relación porque no hay vuelta. Fuerte trabajo con la sociedad para restablecer reglas distintas”, recomendó. Sostuvo que los fiscales no saben cuál es el efecto social que están buscando con lo que están haciendo, y que hay que seguir trabajando en la perspectiva de las políticas criminales del Ministerio Público.

Los fenómenos criminales. Recomendó conocer y tener planes de persecución penal, a fin de que el Ministerio Público conozca y tenga información respecto a los fenómenos criminales y su solución. “Hay que compartir trabajo con la Policía, para conocer problemas de criminalidad que tienen perfiles y modus operandi”, apuntó.

Mencionó a los fiscales sobre el problema que Paraguay afronta actualmente con la epidemia del hurto de celulares. En ese sentido, mencionó que hay un mercado de celulares que no tiene nada que ver con la pobreza, y que allí se tiene que enfocar el trabajo de investigación para desbaratar el negocio.

Acotó que nadie hace nada para desarticular la criminalidad urbana, que gira en torno al robo de celulares, vehículos, el negocio de las drogas, la trata de personas y las formas de contrabando.

Binder sentenció que la otra perspectiva tiene que ver con el uso de las salidas alternativas. Habló de la necesidad de fortalecer todo el sistema institucional de solución de conflicto. “No usen la cárcel para cualquier cosa”, exhortó a los fiscales. Mencionó que la gente, en el 90 por ciento de los delitos de tránsito, busca llegar a un acuerdo económico. Preguntó, ¿por qué no se encamina esta situación a las medidas de conciliación obligatoria para solucionar más rápidamente los problemas?

Finalmente, Binder enfatizó en que la solución pasa por superar la burocratización, la falta de conciencia del Ministerio Publico en cuanto a las salidas alternativas; la necesidad de establecer una política de persecución de los mercados criminales inteligentes; y que debe haber una planificación con mucho simbolismo social porque la justicia es un organismo político que trabaja con simbolismo social.