“Hacemos la denuncia preocupados por este nuevo caso de corrupción pública porque hay denuncias muy calificadas que surgen desde el seno mismo del parlamento. Esto implica que, de alguna manera, se rompió el bloque, el silencio corporativo, y esta es una situación que tenemos que aprovechar para avanzar en una investigación, acompañada por la sociedad civil, para que se convierta en un caso emblemático”, dijo la dra. María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

“Nosotros apreciamos el apoyo de la sociedad civil, y estamos abiertos a establecer alianzas estratégicas para llevar adelante la investigación”, dijo Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado. “El hecho de que ustedes vengan a apoyar esta investigación realmente nos fortalece para seguir el trabajo iniciado, más allá de las presiones o amenazas que surgen de este tipo de trabajo”, dijo el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Carlos Arregui. También participó de la reunión el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, René Fernández.

Por la sociedad civil participaron de la reunión la dra. María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ); Marta Ferrara, directora de la organización Semillas para la Democracia ; Álvaro Caballero, director del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD); Rosa Vacceta, representante de la organización Poder Ciudadano en Acción y Miguel Olmedo, en representación de FEDEM.
 
Las organizaciones presentes se comprometieron a hacer un acompañamiento al pedido de documentación realizado por la Fiscalía al presidente del Congreso, Jorge Oviedo Matto, a fin de preservar la integridad de las pruebas. Hasta el momento, el Congreso no se expidió respecto a la solicitud.

La dra. Rivas también dijo que, con la denuncia, se busca preservar a la investigación de las influencias externas que puedan caer sobre un fiscal. “Es imposible que un solo fiscal pueda seguir adelante con una investigación porque va a tener que soportar la presión de unos 16 parlamentarios”, dijo la directora del CEJ.

La dra. María Victoria Rivas también mencionó que la sociedad civil apoyará la gestión de apoyo de cooperación internacional para lograr reforzar la investigación fiscal en el ámbito del seugimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), donde se expuso el informe de la sociedad civil de Paraguay.

Álvaro Caballero, director del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), dijo que en este caso se deben “garantizar que la ciudadanía pueda identificar a los parlamentarios responsables”. “Siempre supimos por rumores que existe esta práctica de corrupción en el parlamento, pero en este caso son denuncias muy concretas y realizadas por los mismos parlamentarios”, recalcó Rosa Vacceta, representante de la organización Poder Ciudadano en Acción.  

La iniciativa tiene por objeto la sanción penal de las personas que resulten responsables, ya sea en calidad de autor, instigador, o cómplice, de los hechos denunciados ante medios de comunicación social por el gobernador del departamento Central, Carlos Amarilla; el Senador Luis Alberto Wagner y el diputado Diego Vera. Según la denuncia penal presentada, existen suficientes elementos para que el Ministerio Público “tome intervención e investigue a Diputados, empresarios, personas vinculadas al transporte de servicio público u otras autoridades nacionales o locales”.

Las organizaciones que firman la denuncia son: la red de organizaciones del Paraguay Pojoaju, la Coordinación de Mujeres del Paraguiay (CMP), el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO), el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Semillas para la Democracia, Gestión Ambiental (GEAM), Desarrollo en Democracia (DENDE).

También se adhieren a la denuncia las organizaciones Tierra Nueva, Corporación REMA, Fundación Avina, la Red de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales del Paraguay, la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (FEDEM), el Observatorio de Control y Veeduría  Ciudadana de Central; y Poder Ciudadano en Acción.