La Corte Suprema de Justicia admitió la acción de inconstitucionalidad planteada hace una semana por la defensa del expresidente Fernando Lugo contra la resolución del Senado que determinó su destitución vía juicio político. La acción ya fue remitida al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien determinará si anula o no el proceso de juicio político. El mismo tiene 18 días hábiles para emitir su dictamen y luego, la acción será trasladada a la Cámara de Senadores, puesto que la acción es contra la resolución de esa cámara.

La Cámara Alta tiene igual plazo que el Fiscal General del Estado para expedirse. Sin embargo, el dictamen del mismo no es vinculante, lo que implica que los ministros pueden apartarse de lo que diga Díaz Verón.

La Sala Constitucional, que admitió la presentación de Lugo, está integrada por los ministros Víctor Núñez, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica. “Cabe señalar que la institución que se denomina juicio político es un procedimiento parlamentario administrativo que la Constitución ha encargado como competencia exclusiva al Congreso nacional”, señalaron los ministros colorados Víctor Núñez y Antonio Fretes y la ministra liberal Gladys Bareiro de Módica.

“Se trata de un procedimiento en el que se juzgan conductas políticas -causas de responsabilidad-. No es un juicio ordinario de carácter jurisdiccional como el que se realiza en el ámbito judicial”, enfatizaron los ministros de la Corte.

Los abogados Adolfo Ferreiro, José Enrique García y Emilio Camacho, que conforman el equipo jurídico de Lugo, solicitan que la Sala Constitucional declare inaplicable la resolución 881del Senado por presentar “diversas irregularidades”. “Esta acción ataca la decisión del juicio político (...). La decisión (de destitución) es arbitraria, e infundada y viola el principio de incongruencia”, indicó el abogado José Enrique García a medios de comunicación.

Esta es la segunda acción de inconstitucionalidad que presentan los defensores de Lugo contra la resolución de la Cámara Alta, que el 22 de junio destituyó al exmandatario. La primera fue en contra el reglamento del juicio político, fue rechazada por extemporánea.

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