Evaluación de la justicia paraguaya en el 2011, por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

Una vez más, durante el 2011, ha sido muy visible la injerencia política en el sistema de selección de magistrados, donde la crisis interna entre los integrantes del Consejo de la Magistratura ha desnudado ciertas prácticas ocultas pero vigentes. 

Un claro ejemplo fue la conformación de terna para el cargo de Fiscal general del Estado, que puso en evidencia la fuerte injerencia política. Las acusaciones entre parlamentarios que brindan protección a jueces y fiscales en ciertas zonas del País desnudan la fragilidad del sistema y la desprotección de los ciudadanos que deben ser juzgados e investigados por magistrados que no son independientes. Y, para coronar el año, un consejero ha solicitado permiso utilizando una figura inexistente para dedicarse más abiertamente a la política partidaria. Esto, además de corroborar su simpatía por cierto sector partidario, genera un manto de duda sobre su imparcialidad en las decisiones y votos que haya emitido en su calidad de consejero, nada menos que en representación de los abogados.

También se observa una nula participación del representante del ejecutivo, que con el silencio cómplice apaña las numerosas debilidades que se vienen observando en el sistema de selección de magistrados. Es imprescindible que la representante del Ejecutivo participe de forma más activa, con posturas más definidas, formulando denuncias públicas de los procesos de votación con intervención de elementos extra curriculares, en beneficio del sistema de selección y, por ende, del sistema judicial.

Al sistema de selección de la magistratura se la ha sumado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que con decisiones arbitrarias se ha convertido en la instancia en donde se sancionan jueces por Resoluciones emitidas en procesos a su cargo, dejando de lado nuestra cultura jurídica y poniendo en jaque la condición del buen ejercicio de la función de administrar justicia.

El ejercicio de administrar justicia se basa en el principio de que las decisiones de los magistrados deben estar fundadas en derecho y que deben constituirse en una derivación razonada del derecho vigente. Solo los órganos jurisdiccionales pueden declarar ausencia de tal cualidad. No hay posibilidad de que dicha acción pueda ser sometida al análisis del Jurado de Enjuiciamiento, debilitando de esta forma la independencia funcional de los jueces.

Urge una reforma del sistema de selección de magistrados. Debemos avanzar en diseñar un modelo que ajuste las exigencias curriculares de los consejeros y generar mecanismos más transparentes de designación. Hay que pensar en una mayor participación ciudadana, observando las experiencias de los países limítrofes que han incorporado la posibilidad de la votación para la elección de jueces. Debemos poner en prácticas indicadores democráticos a fin de lograr legitimar el sistema de selección de magistrados y devolver la confianza al sistema judicial.  

Centro de Estudios Judiciales (CEJ).
Dra. María Victoria Rivas. Directora ejecutiva.