Se estableció una mesa de trabajo hacia una Ley de Acceso a la Justicia, durante la reunión que se desarrolló en el Gran Hotel del Paraguay. Es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED).

Durante el encuentro, los representantes del Gobierno y las organizaciones civiles debatieron sobre la necesidad de una ley de acceso a la Justicia que pueda garantizar a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y están fuera del sistema judicial.

Desde la sociedad civil se pretende establecer una norma que pueda tener en cuenta la iniciativa ciudadana como un eje transversal y acorde a la realidad del país, sin copiar modelos extranjeros que no tienen que ver con la cultura paraguaya.

En representación del Ministerio de Justicia asistió el viceministro Política Criminal, Raúl Caballero.

Realizaron la socialización de programas y los servicios que actualmente existen para el acceso a la Justicia, mediante programas de voluntariados y servicios brindados por Universidades y organizaciones civiles.

La Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales, María Victoria Rivas, explicó que realizaron un mapeo e identificaron las debilidades del sistema. Construyeron los indicadores de sostenibilidad.

Reflexionó que existe poca coordinación y que es urgente llevar adelante el Plan Nacional de Acceso a la justicia. “Hay 2 millones de personas que no conocen sus derechos y no tienen posibilidad de reclamar”, enfatizo Rivas dando una idea de la situación actual del país en materia de acceso a la Justicia.

Los 3 ejes. Durante el debate, hablaron sobre el modelo de ley de acceso a la justicia que buscan instalar en Paraguay, ya sea centralizado o con una visión de participación mixta, entre representantes de la sociedad civil y del Gobierno.

Hablaron sobre la importancia de la propuesta de Casa de Justicia, en base a la experiencia que arroja su aplicación aplicada en los departamentos San Pedro, Central y Asunción. Es un concepto espacio que gira principalmente en brindar conocimiento a las personas en el uso de sus derechos formales y no formales que apunta a un trabajo con los centros comunitarios para ayudar en la resolución de conflictos fuera del sistema.

El proyecto de Ley de Acceso a la Justicia busca atender los reclamos y necesidades que tienen los grupos de vulnerabilidad principalmente en cuestiones de géneros, derechos humanos, población campesina y otros representantes de la sociedad civil.

Uno de los puntos centrales apunta a rescatar la recuperar la esencia de creación de los Juzgados de Paz. Esto en vista a que existen muchos reclamos de la sociedad civil porque sostienen que se ha distorsionado desde el momento en que se promociona que los jueces de paz sean abogados. Consensuaron sobre la necesidad de que hay que rescatar para que la Justicia de Paz vuelva a ser promotor de la equidad social. Consideran que es un gran desafío. Hoy existen alrededor de 358 jueces de paz en todo país. Los juzgados de paz primera puerta de solución de primeros conflictos de solución.

Rivas enfatizó que las autoridades políticas deber entender y tomar conciencia sobre la necesidad de que los derechos humanos son una garantía y no una concesión “graciosa del Estado”. Durante el debate señalaron que también hay que involucrar a las autoridades de los 250 municipios del país para lograr un mayor empoderamiento y trabajo articulado a favor de las personas en situación de vulnerabilidad.