El  10 de agosto de 2011, representantes de redes comunitarias se reunieron en el Gran Hotel del Paraguay con el propósito de incidir en políticas públicas de acceso a la justicia para personas que viven con VIH Sida (PVVS) e infecciones de transmisión sexual (ITS). Con este objetivo, las redes comunitarias iniciaron la construcción de un protocolo y niveles de articulación interna y de enlace con instituciones del sistema de justicia.

La reunión, denominada “Redes comunitarias y acceso a justicia PVVS -VIH/SIDA/ITS”, estuvo impulsada por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), y se desarrolló en el marco del proyecto “Avanzamos: fortaleciendo la respuesta nacional en VIH/SIDA/ITS”, en seis regiones sanitarias hacia la meta del acceso universal.

Durante el encuentro, se discutieron mecanismos internos de actuación y vinculación de redes comunitarias con  operadores del sistema de justicia, sobre la base de la ley 3940/09, que apunta a garantizar un trato no discriminatorio hacia las mismas, con enfoque de derechos humanos.

También se debatió en torno al cumplimiento de la resolución del Ministerio de Justicia y Trabajo 730/09, según la cual el diagnóstico de infección por VIH no es obligatorio como examen médico admisional, ni para la permanencia o promoción laboral. Sin embago, la mayor parte dijo que eso no se cumple: “las empresas que solicitan análisis, y si te negás o si se evidencia el VIH, no te contratan”, contaron.

Las personas que viven con VIH/SIDA-ITS ven sus derechos humanos afectados en forma múltiple, ya que ven afectados sus derechos al trabajo, a la salud, a la vivienda, entre otros, porque generalmente  por discriminación.

En el taller de las redes comunitarias surgió como una de las principales la discriminación como una de las barreras que obstaculizan llegar a la justicia a personas que viven con VIH/SIDA-ITS. A esto se suman otros obstáculos, como la falta de conocimiento (en el sistema judicial), el estigma social por la orientación sexual, y la pobreza. 

“La justicia es cara y larga”, dijo una participante. “Cara por la corrupción” agregó otra participante. Sin embargo, muchas veces no se conoce, por ejemplo, de la labor que cumplen los defensores públicos en la atención judicial de personas de escasos recursos. Hay que tener en cuenta que las poblaciones más vulnerables son generalmente las que más necesitan de la justicia, y sin embargo, son las que muchas veces se mantienen alejadas del sistema judicial, a veces por la mala información, desconocimiento, cuando no desconfianza.

Los participantes del taller consideraron necesario crear un sistema de recepción y manejo de denuncias, y una coordinación para la derivación de casos, a los organismos correspondientes del Estado, para dar luego seguimiento en la justicia, pero enfocándose en “acompañar al ser humano en su lucha judicial”. Y es que cuando se trata de personas que viven con VIH/SIDA-ITS, muy muchos problemas que se plantean simultáneamente, y que deben ser atendidos en integridad.

Los participantes también señalaron la necesidad de crear un registro, en la red comunitaria, con base de datos de todos los casos que debieron ingresar a la justicia, de manera a detectar debilidades del sistema y trabajar la garantía de los derechos de las personas que viven con VIH/SIDA-ITS.

Finalmente, los participantes apuntaron la necesidad de realizar más encuentros y difusión sobre la realidad de las personas que viven con VIH/SIDA-ITS, ya que hay mucho que dar a conocer, y por trabajar en el país.