Tras el crimen del periodista de nuestro diario Pablo Medina, que reveló los vínculos del narcotráfico en la política y en la justicia, se reactiva el juicio políticos a los ministros de la Corte.
Las acusaciones del ministro Víctor Núñez, quien acusó a algunos líderes del PLRA de conspirar en su contra, “calentaron” aún más el ambiente. La respuesta del partido no se hizo esperar y en una reunión del directorio, se aprobó enseguida impulsar el juicio político a Núñez.
“Víctor Núñez no vino de Marte para ser superintendente de la circunscripción judicial de Amambay y Canindeyú, los departamentos en los que es más frecuente el tráfico de drogas y la narcopolítica. No puede decir yo no sabía”, apuntó el senador Miguel Abdón Saguier, uno de los acusados por el ministro de la Corte de conspirar en su contra junto a Luis Alberto Wagner y el presidente del Senado, Blas Llano.
“El Partido Liberal no va a apañar a nadie que esté involucrado en cualquier tipo de delitos y mucho menos en esta clase de hecho que termina provocando la muerte de personas, que como el periodista Pablo Medina, estaba comprometido con la verdad”, añadió Saguier al tiempo de resaltar que nadie va a detener la salida de Núñez del más alto tribunal de la República.
Sin embargo, la cuestión no se presentaría tan fácil, atendiendo que el Partido Colorado no entregaría fácilmente la “cabeza” de Núñez, quien llegó a la Corte luego de la vacancia producida tras la renuncia del liberal Enrique Sosa. Cuando juró ante el Senado prometió brindar seguridad jurídica, que es una de las principales deudas del Poder Judicial.
Algunos de los legisladores de la ANR dijeron que ni se puede hablar del juicio político a un solo ministro de la Corte, en este caso Núñez, que es de extracción colorada.
Es por eso que ya se empezaron a bajar otros nombres entre los que suenan los de los liberales Óscar Bajac y Sindulfo Blanco.
Algunos senadores, como Enrique Bacchetta, dijeron que el ministro César Garay es otro de los que tienen que dejar la máxima instancia judicial. Bacchetta declaró a los medios de prensa, que Garay es uno de los ministros más morosos, que además ni siquiera recibe a los jueces de su circunscripción y mucho menos a los abogados que solicitan conversar con él.
El legislador en ningún momento mencionó que Garay esté salpicado por hechos de corrupción, como se da en otros casos.
La Corte Suprema está integrada por nueve miembros, entre los que están los colorados Núñez, Antonio Fretes, Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta de Correa, Garay y Raúl Torres Kirmser. Los liberales de la máxima instancia judicial son Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y Gladys Bareiro de Módica.
Primer intento
Importantes referentes políticos ya anunciaron este año posibles cambios de ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ante esta situación el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) había hecho un llamado a la clase política a priorizar acciones tendientes a una reforma profunda del Poder Judicial, que no se limite al simple cambio de hombres y mujeres en sus cargos.
El CEJ propuso temas prioritarios en la agenda pública para iniciar el debate de la reforma judicial en el país, sobre la base de un abordaje estratégico basado en la institucionalidad.
Este “Pacto Social para la reforma del Poder Judicial” requiere del concurso de los distintos sectores de la sociedad paraguaya, para llevar adelante la renovación de la composición y funcionamiento de la Corte.
En este contexto, el CEJ recordó los diez temas urgentes para una reforma judicial profunda, que deben incluir en la agenda pública para dejar atrás la estructura, vieja, obsoleta e ineficiente del Poder Judicial. “Estos temas tienen como ejes la redefinición de la Corte Suprema de Justicia, la redefinición del gobierno judicial, el reordenamiento de competencias, la consolidación de la modernización de tribunales, la creación de la carrera judicial y la participación ciudadana y acceso a la justicia”, señaló el centro dirigido por la abogada María Victoria Rivas.
La propuesta de reforma judicial del CEJ tiene como primer punto la renovación de la composición y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que contemple el juicio político escalonado a los ministros, como un mecanismo constitucional y democrático donde las responsabilidades individuales confirmen o remuevan a los miembros de la máxima instancia judicial.
“La crisis generada en el ámbito político es una oportunidad para avanzar hacia el genuino interés de transformar el sistema judicial, acogiendo el interés ciudadano y no solo se limite a intereses sectarios”, decía otra parte del escrito del Centro de Estudios Judiciales, que siempre trabajó sobre la administración judicial.
Nadie puede desconocer las grandes falencias en el Poder Judicial, que hasta ahora no pudieron ser subsanadas.
La morosidad, la ineficiencia y la corrupción siguen siendo los graves problemas en la criticada administración de justicia.
Los datos estadísticos revelan que en los últimos cinco años el presupuesto del Poder Judicial tuvo un incremento del 106 por ciento.
De 497.000 millones que se le asignaron en el 2009 al Poder Judicial, la cifra se elevó a 1 billón 25.000 millones de guaraníes en el 2014. Sin embargo, pese al millonario incremento del presupuesto, no se han podido solucionar los problemas históricos de la administración de justicia.
Entre otras cosas, continúan la mora judicial, la burocracia en la tramitación de los casos y la mala atención a los usuarios. Además, no se pudo rever la pésima imagen y la percepción de desconfianza de la ciudadanía.
Fuente: ABC Color.
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