El pasado lunes, el juez Ayala Brun rechazó el amparo, por lo que ayer, en una nota presentada al magistrado, las organizaciones Semillas para la Democracia (SPD), el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Centro de Defensa del Interés Público (CENDIP) tomaron intervención como terceros coadyuvantes utilizando la figura constitucional de la acción popular.

La misma consiste en el derecho individual y colectivo a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa, en este caso, del derecho a la información.

La directora ejecutiva del CEJ, María Victoria Rivas, explicó que desde hace bastante tiempo vienen trabajando con unas veinte organizaciones el tema del acceso a la información pública, donde han elaborado un proyecto de ley para reglamentar este derecho constitucional, con la ayuda de varias organizaciones internacionales.

"La falta de ley desemboca en esta situación por la que está pasando. No existe una ley que obligue a las autoridades a proporcionar información pública cuando uno la solicite, entonces todo depende de la buena voluntad del jerarca de turno", explicó, señalando el autoritarismo y la cultura del oscurantismo actual en el titular del Senado.
 

Fuente: Ultima Hora.

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