Refirió a la necesidad de desarrollar líneas de acción con base en fundamentos teóricos y prácticos de las políticas públicas de prevención de la violencia y el delito y sobre todo el control de la criminalidad.
Señaló que la tradición autoritaria tiene como prioridad la seguridad de las instituciones y que la propuesta actual apunta al tránsito a priorizar la protección de las personas y sus derechos humanos. Para ello, indicó que es fundamental promover un cambio estructural entre el Estado y la sociedad; contar con personas responsables formadas con una mentalidad democrática que puedan aportar al desarrollo social y dar los pasos necesarios para poner en práctica programas de policial comunitaria a nivel local.
Es necesario también, apuntó, proveer a la sociedad y a las instituciones públicas actualizadas soluciones en materia de reforma policial, seguridad ciudadana y justicia penal, que permitan incidir en la modernización y democratización de sus políticas y procedimientos internos, todo dentro de un estado de derecho y respeto a los derechos humanos.
Preguntada si es posible la aplicación de ese modelo de policía comunitaria en nuestro país, dijo que en nuestro país hay condiciones favorables. No obstante, habló de la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad para lograr una transición hacia ese modelo. Indicó al respecto que hace falta también un cambio general de la ciudadanía y no solo de la policía.
Fuente: ABC Color.
