Los integrantes de la Subcomisión II, de la Comisión Nacional de Reforma Judicial, debatieron el proyecto de modificación de ley Nº 296/1994 que regula el Consejo de la Magistratura. Hubo discusión y posiciones encontradas, puntualmente en lo que refiere a la elección de los representantes de las universidades y la participación de los abogados en el proceso de elección de sus representantes.

La reunión estuvo presidida por el Dr. Roberto Salomón, Director de la Asesoría General Jurídica de la Presidencia de la República.

El artículo 20 del anteproyecto de ley aún no fue aprobado. El mismo señala que “No podrán activar, ni votar en los comicios los abogados que integren el Poder Legislativo como legisladores o Judicial como jueces, fiscales, defensores y agentes síndicos”.

Hay dos posiciones entre los integrantes de la Subcomisión II, sobre quiénes deben integrar el padrón para la elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Los jueces y funcionarios judiciales plantean la inclusión de este gremio, mientras que el anteproyecto del Consejo de la Magistratura propone la exclusión.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Riera, explicó que debatieron sobre la representatividad de los abogados. Señaló que discutieron sobre la conveniencia o no de permitir que los funcionarios públicos puedan votar en el ánimo de despejar la influencia que a veces se da entre sectores de poder y la representatividad profesional.

“No se resolvió; se postergó para el final, porque es un tema que merece un mayor debate”, indicó.

Riera significó que se dio un paso “coherente”, en el sentido de cargar sobre la Justicia Electoral la responsabilidad de la organización de las elecciones intermedias. “Es decir, tanto de los abogados como de los docentes. A los efectos de que la Corte Suprema de Justicia en el segundo caso no tuvieran cargas administrativas adicionales”, dijo.

El presidente del Consejo de la Magistratura destacó que hay una participación muy importante de parte de los senadores y diputados. “De acá van a salir un 70% de consensos y siempre habrá una 30% que se seguirá debatiendo en el plenario. Es muy bueno que se dé una visión integral, terminado esto vamos a entrar en la Ley de Carrera Judicial y la Ley de la Escuela Judicial”, indicó.

NO INCLUIR. Por su parte, Dr. Luis Alberto Martínez Simón, representante de la Corte, indicó que en la primera sesión se avanzó bastante y quedaron para la discusión dos temas que son muy polémicos o muy delicados, vinculados a la elección de los representantes de las universidades.

“Se planteó en el proyecto de Ley del Consejo de la Magistratura repetir el artículo que ya estaba vigente, la idea que se discutió hoy es hacer un cambio estructural bien sustancial de modo tal a prever la situación de las universidades privadas que van alcanzando los 20 años”, afirmó.

Explicó que la idea también es prever la situación de las universidades nacionales, que tienen un representante único en el Consejo de la Magistratura. “Eso se discutió hoy y se decidió pasar a un cuarto intermedio, para realizar un análisis más profundó, el Dr. Riera tomó el encargo de preparar un proyecto de unificación de la propuesta que se hizo”, mencionó.

Remarcó que el otro tema conflictivo y delicado que se trató fue pertinente a la participación de los abogados. “Es la definición de que se entiende por abogado de la matrícula como poder votante, ya que hay doble interpretación. Una que excluye a todos los abogados que no estén en el ejercicio efectivo de la profesión; y otra que considera que deberían estar sentados o votantes en esa elección, todos los abogados que estén registrados en la matricula”, dijo al tiempo de acotar que estos sean funcionarios judiciales o incluso magistrados.

Martínez señaló que ellos tienen una posición como representantes de la Corte Suprema de Justicia. Argumentó que los magistrados no deberían estar incluidos para no contaminar el aspecto electoral vinculado a la Magistratura.

“Eso incluiría a los fiscales, síndicos, a los defensores, a los miembros de los tribunales de apelaciones y a los jueces, por supuesto. Se está discutiendo sobre los funcionarios judiciales o los funcionarios públicos en general. Entran o no entran; estamos analizando el espíritu de la Constitución Nacional, cuando habla sobre dos abogados de la matrícula. Eso puede entenderse como dos abogados en ejercicio de la profesión y no simplemente estar matriculado, aunque sea uno funcionario judicial, de la fiscalía, de la defensoría o incluso funcionario público”, mencionó.

Dijo que se decidió pasar también a un cuarto intermedio para realizar un análisis más profundo y establecer una propuesta

La Comisión Nacional de Reforma Judicial tiene el apoyo técnico del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) que busca abrir un espacio de diálogo social para la identificación de los principales problemas en torno al acceso a Justicia y a los servicios de la Administración de Justicia, su discusión, análisis y la construcción participativa de una Hoja de Ruta de los temas prioritarios en el proceso de la Reforma Judicial.